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Los museos y los bienes culturales muebles no sólo son depositarios de la identidad y la diversidad cultural, sino también potentes vectores de cohesión social y desarrollo humano. En las zonas que acaban de sufrir un conflicto, el fortalecimiento de los museos contribuye también a la reconciliación en el país y con los países vecinos, así como a la cohesión social.

La estrategia de la UNESCO encaminada a la protección de los bienes culturales tiene como objeto dual la aplicación de las convenciones existentes y la ejecución de actividades operativas en el plano nacional.

En los últimos decenios, el tráfico ilícito de bienes culturales ha crecido en proporciones epidémicas, semejantes a las del comercio ilegal de armas y drogas. Este tráfico afecta a todos los Estados y los daños y pérdidas causados al patrimonio cultural aquejan particularmente a los países que no cuentan con los medios para protegerse.

Los Estados de América Latina y el Caribe enfrentan el tráfico ilícito de bienes culturales pre-colombinos, religiosos y coloniales, entre otros, así como la comercialización ilícita del patrimonio cultural subacuático extraído de pecios y otras estructuras sumergidas.

La Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1970, tiene como objetivo luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales, independientemente de que este sea el resultado de las acciones de saqueadores locales de tumbas antiguas, de miembros de organizaciones criminales, de casas de subastas, de comerciantes inescrupulosos de antigüedades, de curadores de museos, de coleccionistas o de aficionados.

En caso de conflictos armados o desastres naturales, el patrimonio cultural se encuentra particularmente en riesgo, debido a su intrínseca vulnerabilidad y gran valor simbólico. Para prevenir el tráfico ilícito y la destrucción del patrimonio cultural, la UNESCO actúa como coordinador y catalizador para reforzar la cooperación y fortalecer la labor en redes entre los actores nacionales e internacionales.

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, aprobada en La Haya (Holanda) en 1954, es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección del patrimonio mundial este tipo de situación. Con la Convención fue aprobado un Protocolo, y en 1999 fue aprobado un Segundo Protocolo.

Las Oficinas de la UNESCO en América Latina y el Caribe, en estrecha cooperación con numerosas contrapartes en la región, apoyan los esfuerzos nacionales encaminados a la ratificación y la efectiva implementación de las Convenciones de la UNESCO de 1970 y 1954; del Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente (1995) y de la Convención de 2001 de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, además de las dedicadas a la protección del patrimonio cultural y natural (1972) y el inmaterial (2003).

Asimismo, facilitan la capacitación y la cooperación regional así como el intercambio de información y buenas prácticas en la lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio cultural, para lo cual se apoyan en las Convenciones y en otros materiales tales como el manual de la UNESCO Medidas jurídicas y prácticas contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad, entre otros.